En una jornada en la que se desarrolló la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el predio Lionel Messi de la localidad bonaerense de Ezeiza, en la misma fue reelecto por tercer mandato consecutivo su Presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y en la que también fueron nombradas las nuevas autoridades, entre ellas Juan Román Riquelme, Mandamás de Boca y, a partir de ahora, Vicepresidente Primero de la casa madre del fútbol argentino.
En la cumbre de esta tarde se abstuvo de votar el representante de Talleres de Córdoba y el de Estudiantes de La Plata ni siquiera concurrió al evento, pero al margen de esto, a mano alzada se decretó que en esta Liga Profesional no haya descensos, por lo que tanto Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se estarían salvando de perder la categoría.
También se dictaminó que en 2025 el torneo de Primera División cuente con 30 equipos, por ende resta definir si el formato de los torneos serán cortos y divididos en dos zonas de 15 clubes cada uno con un interzonal de clásicos como se viene especulando o si habrá un torneo largo en donde se enfrenten todos los planteles en una sola rueda, aunque esta opción es la menos deseada por los asambleístas.
De esta manera, habrá que ver si estos anuncios son ratificados por la Inspección General de Justicia (IGJ) que se expedirá en breve ante esta resolución.
“Tampoco van a poder resolver cuestiones vinculadas a la reforma del Estatuto Social, dentro de las cuales se encuentra el tema de los descensos”, había manifestado ayer Daniel Vítolo, titular del organismo.
También había dicho que “esto es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros, sino que al ser la cuestión de los descensos algo que está dentro del estatuto de AFA, para modificarlo hay que modificar el estatuto”.
Vítolo explicó que los miembros de la comisión directiva de AFA “no están en condiciones” de tener la posibilidad de cambiar el estatuto porque hay una reforma “del año pasado” que se encuentra en estado de observación.
Además, no realizaron un escrito ante la Inspección General de Justicia en el Registro Público, “nadie puede volver a modificar un estatuto sin haber aprobado la reforma anterior”.
